En el marco de la audiencia 134 del Juicio Brigadas, la Fiscalía dio por finalizado su alegato, que se extendió por nueve jornadas. El Ministerio Público Fiscal solicitó que todos los imputados sean condenados a prisión perpetua.

Ana Oberlin advirtió que “los hechos en esta causa están insertos en un plan sistemático de desapariciones” y “alcanzan la categoría de crímenes contra el derecho de gentes”.

Precisó que se da una acusación concurrente y/o alternativa de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Detalló que al grupo victimizado definido por ellos como “enemigo subversivo” le fue negado el derecho a la libertad, a la vida y la integridad física, a la identidad, a la dignidad y a elegir un proyecto de vida.

Dio detalles sobre los delitos privación ilegal de la libertad con violencias y amenazas, abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, aborto forzado, reducción a servidumbre, desaparición forzada, homicidio agravado, sustracción, retención y ocultamiento de menores.

Gonzalo Miranda señaló que los acusados son “parte de una organización criminal” destinada a desaparecer personas y por lo tanto son coautores.

Precisó que Federico Minicucci, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Alberto Julio Candioti, Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk y Enrique Augusto Barre son coautores mediatos, mientras que Jorge Antonio Bergés y Horacio Luis Castillo deben responder como coautores directos.

La Fiscalía pidió para Minicucci prisión perpetua e inhabilitación perpetua por ser considerado coautor mediato por privación ilegal de la libertad cometido por un funcionario público agravado por haberse cometido con violencias o amenazas y aplicación de tormentos agravado por ser la víctima un perseguido político. También está acusado de abuso sexual con acceso carnal; abuso sexual simple; aborto forzado; sustracción, retención y ocultación de menor de 10 años; desaparición forzada y desaparición agravada por el resultado muerte; homicidio en concurso real con delitos de lesa humanidad.

También pidió prisión perpetua e inhabilitación perpetua para Domínguez Matheu por ser coautor mediato por privación ilegal de la libertad cometido por un funcionario público agravado por haberse cometido con violencias o amenazas (aplicación de tormentos y agravada por haber durado más de un mes); abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual simple; sustracción, retención y ocultamiento de menor de 10 años (más desaparición forzada); homicidio calificado por alevosía y por haberse cometido por dos o más personas en dos oportunidades (desaparición forzada agravada por el resultado de muerte para los casos cuyos cuerpos fueron identificados con posterioridad a 2011); desaparición forzada.

La Fiscalía pidió prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para Fontana por ser coautor mediato de los delitos de por privación ilegal de la libertad cometido por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravado por haberse cometido con violencias o amenazas y aplicación de tormentos; privación ilegal por haber durado más de un mes; abuso sexual con acceso carnal (violación), abuso sexual simple (abuso deshonesto); sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años; homicidio calificado (desaparición forzada agravada con resultado de muerte para casos posteriores a la reforma penal), desaparición forzada (u homicidio calificado a pesar de no haberse encontrado su cuerpo) en concurso real con el delitos de gentes.

El pedido para Romero Pavón fue de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser considerado coautor mediato privación ilegal de la libertad cometido por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravado por haberse cometido con violencias o amenazas (aplicación de tormentos por parte de un funcionario público agravado por ser la víctima un perseguido político); privación ilegal de la libertad agravada por durar más de un mes, abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, aborto forzado; reducción a la servidumbre; sustracción, retención y ocultación de menor de 10 años (desaparición forzada); homicidio calificado por alevosía por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en dos oportunidades; desaparición forzada con resultado muerte o homicidio calificado a pesar de no haberse encontrado su cuerpo (delito contra gentes, genocidio, delito de lesa humanidad).

La Fiscalía también pidió prisión perpetua para Di Pasquale por ser coautor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad agravado por haberse cometido con violencias o amenazas (aplicación de tormentos agravada por ser la víctima un perseguido político), privación de la libertad agravada por haber durado más de un mes; abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple; sustracción, retención y ocultación de menor de 10 años; homicidio calificado con alevosía por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en dos oportunidades, desaparición forzada con resultado muerte (u homicidio calificado a pesar de no haberse encontrado su cuerpo calificado con el delito de gentes, en particular con genocidio o delito de lesa humanidad).

El pedido de condena para Balmaceda fue de prisión perpetua por privación ilegal de la libertad agravado por haberse cometido con violencias o amenazas y aplicación de tormentos, privación ilegal de la libertad agravada por durar más de un mes; abuso sexual simple y con acceso carnal; retención y ocultación de menor de 10 años; homicidio calificado con alevosía por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en dos oportunidades, desaparición forzada o bien homicidio calificado en concurso con delito de gentes (genocidio o crímenes de lesa humanidad).

Candioti recibió el pedido de prisión perpetua por ser coautor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad agravado por haberse cometido con violencias o amenazas y aplicación de tormentos, privación ilegal de la libertad agravada por durar más de un mes; abuso sexual simple y con acceso carnal; retención y ocultación de menor de 10 años; homicidio calificado con alevosía por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en dos oportunidades, desaparición forzada agravada por el resultado de muerte o bien homicidio calificado en concurso con delito como derecho de gentes (genocidio o crímenes de lesa humanidad).

El pedido para Smart fue de perpetua e inhabilitación por ser coautor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad agravado por haberse cometido con violencias o amenazas y aplicación de tormentos, privación ilegal de la libertad agravada por durar más de un mes; abuso sexual simple y con acceso carnal; aborto forzado y reducción a la servidumbre; retención y ocultación de menor de 10 años (desaparición forzada para algunos casos); homicidio calificado con alevosía por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en dos oportunidades, desaparición forzada agravada por el resultado de muerte, desaparición forzada o bien homicidio calificado (pese a que el cuerpo no fue hallado) en concurso con delitos como derecho de gentes (genocidio o delitos de lesa humanidad).

La Fiscalía solicitó prisión perpetua para Wolk, entendiendo que es coautor mediato de los delito de privación ilegal de la libertad por parte de un funcionario público agravado por haberse cometido con violencias o amenazas y aplicación de tormentos, privación ilegal de la libertad agravada por durar más de un mes; abuso sexual simple y con acceso carnal; aborto forzado; reducción a la servidumbre; retención y ocultación de menor de 10 años (desaparición forzada); homicidio calificado por alevosía por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en dos oportunidades, desaparición forzada agravada por el resultado de muerte, desaparición forzada o bien homicidio calificado en concurso real con delito como derecho de gentes (genocidio o crímenes de lesa humanidad).

Respecto a Berre, el pedido de condena fue de prisión perpetua. La Fiscalía entiende que es coautor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravado por haberse cometido con violencias o amenazas y aplicación de tormentos agravado por ser la víctima un perseguido político; privación de la libertad agravada por extenderse más de un mes; abuso sexual simple; homicidio calificado por alevosía por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en dos oportunidades; desaparición forzada en concurso real con delito como derecho de gentes (genocidio o crímenes de lesa humanidad).

También pidió prisión perpetua para Bergés por ser coautor directo del delito de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravado por haberse cometido con violencias o amenazas y aplicación de tormentos; privación de la libertad agravada por tratarse de más de un mes; abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple; aborto forzado, reducción a la servidumbre; retención y ocultación de menor de 10 años (desaparición forzada en dos casos); homicidio calificado por alevosía por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en dos oportunidades; desaparición forzada agravada por el resultado de muerte (cuyos cuerpos aparecieron con posterioridad a 2011); desaparición forzada (no aparecieron los cuerpos) o bien homicidio calificado en concurso real calificado como delito como derecho de gentes (genocidio o crímenes de lesa humanidad).

También el pedido para Castillo fue de prisión perpetua por entender que fue coautor directo de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravado por haberse cometido con violencias o amenazas y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde agravado por ser la víctima un perseguido político; privación de la libertad por durar más de un mes; abuso sexual simple y con acceso carnal; sustracción, retención y ocultación de menor de 10 años (desaparición forzada para un caso); homicidio calificado por alevosía por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en dos oportunidades; desaparición forzada agravada por el resultado de muerte (casos de cuerpos que aparecieron con posterioridad a 2011); desaparición forzada (no aparecieron los cuerpos) o bien homicidio calificado todos en concurso real y calificado como delito como derecho de gentes (genocidio o crímenes de lesa humanidad).

Miguel Ángel Ferreyro y Miguel Etchecolaz estaban imputados por los delitos cometidos en la Brigada de Lanús (el primero) y por crímenes en el Pozo de Banfield, Quilmes y el Infierno de Avellaneda (el segundo). Ferreyro falleció en octubre de 2021 y Etchecolatz murió el 2 de julio de 2022. Durante 2023 fue Eduardo Samuel de Lío quien falleció.

Oberlin solicitó, a continuación, una serie de medidas reparatorias, que se declare el daño al proyecto de vida de las personas victimizadas para poder obtener las medidas reparatorias, como la reincorporación con los ascensos correspondientes y jubilaciones. También solicitó que se de amplia difusión a la sentencia de este Juicio Brigadas, especialmente en aquellos distritos donde están emplazados los centros clandestinos de detención involucrados.

Más tarde, las querellas encabezadas por Josefina Rodrigo (APDH La Plata) y Germán Camps tuvieron la posibilidad de sumar su postura.