

Un plenario de Comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados le dio dictamen de mayoría, con 49 firmas, a un proyecto sobre Financiamiento Universitario.
Con una amplia base de consenso, la oposición logró emitir dictamen al analizar el proyecto para estabilizar el presupuesto, y recomponer salarios y partidas para gastos de funcionamiento.
Tras el emplazamiento votado el miércoles pasado en la última sesión, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica unieron lanzas y le dieron despacho de mayoría, desafiando abiertamente al presidente Javier Milei, quien ya adelantó que va a vetar la iniciativa si se convierte en ley.
En la previa al debate, rectores de todo el país enrolados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y referentes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) se habían sacado una foto grupal en la puerta del edificio anexo y dejaron decenas de carpetas con miles de firmas a favor de la sanción de la ley.
El proyecto
El dictamen de mayoría propone una recomposición de los gastos de funcionamiento para el período 1 de mayo al 31 de diciembre del 2024, además de un mecanismo de indexación a aplicar desde el 1 de enero de 2025 para que las partidas se vayan actualizando automáticamente de forma bimestral en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En cuanto a los salarios, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá actualizar los salarios de docentes y no docentes desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley en un porcentaje no inferior a la variación del IPC en ese período.
Además, se establece que en el transcurso de este 2025 deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva.
También se prevé actualización de partidas para programas de extensión universitaria, para hospitales universitarios, para el sistema de Ciencia y Técnica, y actualización de montos de becas por IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.
En tanto, la iniciativa dispone la realización de auditorías para el control administrativo externo de las instituciones universitarias.


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