Las autoridades educativas de los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobaron un nuevo ajuste en las tarifas de los servicios educativos proporcionados por colegios privados que reciben fondos estatales de ambas áreas a partir de abril.

Según las resoluciones, los colegios privados en la provincia de Buenos Aires aumentarán las tarifas en un 4,7% el próximo mes, mientras que en la Ciudad, el aumento promedio será del 9%.

Esta decisión fue tomada después de una solicitud presentada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privados Buenos Aires (Aiepba), en función de los incrementos en los costos operativos que enfrentan estos centros educativos con el objetivo de asegurar la continuidad de la provisión de servicios de calidad.

“Otra vez resulta un incremento menor al índice de precios al consumidor previsto para el mes que termina. Esa diferencia la vamos a absorber desde las instituciones con el objetivo de facilitar a las familias la continuidad dentro del sistema”, declaró el secretario ejecutivo de Aiepba, Martín Zurita.

Los aumentos autorizados para los colegios subsidiados por los gobiernos provincial y de la Ciudad están por debajo de las proyecciones inflacionarias realizadas por consultoras y estudios económicos publicados recientemente.

Zuritá aclaró que “en las últimas semanas los administradores de los centros educativos han tenido que afrontar fuertes subas en los gastos fijos y operativos de las entidades. Además de solventar los altos incrementos salariales de los auxiliares y de los docentes a cargo de las áreas no curriculares.”

En la Provincia, alrededor de 4.800 colegios privados reciben subvenciones estatales para ayudar a cubrir los salarios de los docentes, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay aproximadamente 400 instituciones educativas, y casi la mitad de la matrícula de esa jurisdicción asiste al sistema privado.

Las familias serán notificadas en los próximos días sobre el nuevo esquema tarifario, que entrará en vigencia a partir del mes de abril.

“Sabemos que resulta complicado y un gran esfuerzo para la comunidad de padres sostener en muchos casos el pago de los incrementos, pero es necesario adaptar los ingresos de las entidades a los aumentos constantes en todas las variables económicas”, comentó.