En medio de los aumentos de precios de los bienes y servicios de la economía que se aguardan para los meses de marzo y abril en la Argentina los secretarios generales de los gremios y federaciones docentes con representación a nivel nacional, no avalaron la propuesta realizada en la reunión pactada para discutir la paritaria. 

El encuentro para estipular el valor del salario mínimo docente que, en rigor, deberá ser discutido en paritarias en cada provincia pero a partir de un piso determinado por ese sueldo mínimo pasó a un cuarto intermedio para el martes 12 de marzo a las 11 horas.

El Secretario General del Consejo Federal de Educación, José Thomas, propuso en el marco de un consenso mayoritario con las provincias, que la oferta del piso salarial es de 310.000 pesos. 

Desde la Secretaría de Educación confirmaron los recursos financieros destinados al Fondo Compensador y a los programas de Evaluación e Información Nacional. Sin embargo, no pudo evitarse las críticas de los gremialistas que no estuvieron de acuerdo con la cifra ofrecida por lo que se pasó a un cuarto intermedio luego de un comienzo del ciclo lectivo que incluyó paros y huelgas en varias jurisdicciones del país. 

Con respecto a los fondos que comenzaron a liberar para las escuelas desde la órbita nacional. Sonia Alesso, de CTERA, explicó que es un buen gesto pero aún se está lejos de un acuerdo general. “Es una buena noticia que se empiecen a girar los fondos para comedor y copa de leche, para infraestructura escolar y jornada extendida y el fondo compensador”.

Además agregó que “el eje centroal es el tema del Fonid. El Gobierno tiene que venir a la próxima reunión del martes 12 con una propuesta que sea mucho mejor a la de hoy que es muy baja y tiene que garantizar el Fonid, porque sin eso no hay discusión en las provincias”.

El FONID o fondo nacional de incentivo docente representa una masa de recursos que la Nación transfiere a las provincias para mejorar los salarios de los docentes y que el gobierno anunció que no prorrogará. Fue creado en 1998 y su vigencia se prorrogó año tras año a través de leyes y decretos y constituye la principal preocupación de los cinco gremios docentes nacionales.