En el marco de una nueva reestructuración del gabinete, se disolvió el viernes, a trevés de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), la estructura de las secretarías de Prensa y Comunicación y la vocería presidencial que tenían rango de ministerios y pasaron a depender de jefatura de gabinete y se dispuso la intervención de los medios estatales por un año.

Esta última medida puede ser prorrogada por única vez por la jefatura de Gabinete y el decreto abarca a la TV Pública, el portal Educ.Ar, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam, a la vez que esta acción se presenta como un acto previo a la privatización.

La norma cuenta también con la firma del ministro del Interior Guillermo Francos y lleva el número 117/2024 en el Boletín Oficial. Los funcionarios designados en la intervención toman el rol de directores de los medios estatales que quedarán bajo su órbita.

En esa línea, el Ejecutivo le confiere al interventor “en forma exclusiva facultades de representación de las sociedades”. Para este fin se nombrará como interventor a Diego Chaher, quien será acompañado por Diego Marias como interventor adjunto.

En el decreto conocido este sábado se justifica la intervención al decir que es para lograr “una mayor eficiencia en el funcionamiento público”, y agrega que “resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas”.

De esta manera, entre otras funciones, los interventores podrán elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Gobierno, evaluar el Estatuto para el personal del organismo y aprobar uno nuevo como así como también administrar de los fondos aplicados en las partidas.