El Senado rechazó los vetos y convirtió en Ley los proyectos de financiamiento de universidades y del Garrahan

El Senado de la Nación rechazó dos vetos del Poder Ejecutivo y convirtió en ley las normas que garantizan el presupuesto de las universidades públicas y la declaración la emergencia pediátrica. Ambas iniciativas superaron el umbral constitucional de dos tercios y se convirtieron en ley sin modificaciones. La decisión se da en el marco de un escenario de tensión por la disponibilidad de recursos para el sistema universitario y para la atención infantil de alta complejidad. El Hospital Garrahan se presentó como emblema del debate, por su rol en derivaciones de todo el país.

La votación ofreció mayorías holgadas. La ley de emergencia pediátrica obtuvo 59 votos afirmativos y la de financiamiento universitario consiguió 58, números que superaron con amplitud el requisito de dos tercios. Los bloques opositores articularon apoyos cruzados para revertir los vetos y repusieron el espíritu original de las normas. El oficialismo defendió la decisión presidencial y cuestionó la oportunidad fiscal de las medidas.

El contexto político quedó atravesado por acusaciones cruzadas. Desde la oposición se planteó que el Gobierno priorizó el ajuste por encima de derechos sociales básicos, como la salud y la educación. El oficialismo replicó que el debate no se limitó a montos, sino a la necesidad de controles y auditorías en instituciones que administraron fondos significativos. El recinto evidenció un clima de alta polarización, con discursos que apelaron tanto a argumentos técnicos como a consideraciones éticas.

Qué resolvieron las leyes

La ley de emergencia pediátrica restablecida establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos para insumos críticos, medicamentos, mantenimiento y personal. También dispone una recomposición salarial para el personal de salud del sector que no pudo ubicarse por debajo del poder adquisitivo de noviembre de 2023. Además, exime del impuesto a las ganancias las actividades críticas, guardias y horas extras del personal afectado. Por último, declaró al Hospital Garrahan como centro nacional de referencia en pediatría de alta complejidad.

La norma sobre financiamiento de universidades públicas fijó la actualización de los gastos de funcionamiento según la inflación medida por el IPC. A la vez, estableció el ajuste de los salarios docentes y no docentes de acuerdo con el IPC acumulado desde diciembre de 2023. Ordenó, además, la convocatoria obligatoria a paritarias cada tres meses, con una actualización mensual que no puede ubicarse por debajo de la inflación. El esquema apunta a sostener la previsibilidad operativa de las casas de estudio frente al proceso inflacionario.

En la discusión de fondo, la oposición ubicó el eje en los efectos concretos de los recortes. Legisladores de distintos bloques afirmaron que la caída de recursos impactó en compras de insumos, mantenimiento de equipos y retención de profesionales. También señalaron que las universidades afrontaron dificultades para afrontar servicios básicos y garantizar el normal dictado de clases. El oficialismo replicó con cuestionamientos a la ejecución y a la falta de auditorías.

Cruce político en el recinto

Entre las intervenciones opositoras se destacaron definiciones con alto voltaje político. Guillermo Andrada (Frente de Todos) sostuvo: “El Presidente no entiende que el pueblo argentino, ante ciertas conquistas, como las universidades, no se va a rendir y el Congreso lo va a acompañar”. Y remató: “A más vetos, más votos”, atribuyó Andrada. Su planteo buscó inscribir la votación en una defensa de derechos que consideró adquiridos.

Por su parte, Pablo Bensusán (Frente de Todos) afirmó que no se trató de un debate fiscal, sino “político y moral”. En esa línea, expresó que para el gobierno de Milei “sólo puede estudiar el que paga una carrera. Sólo puede atenderse en los hospitales quien paga una obra social privada (…) es un proyecto de motosierra que no corta privilegios, sino derechos”, sostuvo Bensusán. Con ese encuadre, defendió la reposición de ambas leyes como una decisión de protección social. El oficialismo rechazó de plano ese diagnóstico.

Desde el PRO, Guadalupe Tagliaferri criticó la estrategia del oficialismo y acusó a la Casa Rosada de “romper todos los puentes habidos y por haber”. Cerró su discurso con un pedido al Gobierno: “Dejen de ser necios y empiecen a registrar que en la micro vive la gente”, dijo Tagliaferri. La senadora ubicó el foco en el impacto cotidiano de las decisiones fiscales. También reclamó la apertura de canales de diálogo para evitar nuevas escaladas.

En el interbloque Provincias Unidas, Carlos Espínola puso el acento en el costado humano de la emergencia pediátrica. “¿Alguien le explicó al Presidente que está en juego la vida de muchos niños? Hablamos de miles de familias que recorren cientos de kilómetros con la esperanza de que su hijo sea curado”, expresó Espínola. El senador describió la presión sobre hospitales de referencia y las barreras de acceso para pacientes del interior. Su intervención apuntó a la dimensión federal del problema.

El cierre del debate quedó a cargo de Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), quien defendió la postura del Gobierno. “Utilizar a niños para hacer política les debería dar vergüenza”, sostuvo Atauche, y señaló que la UBA “no hizo una auditoría en diez años y los fondos se manejan de forma discrecional”. Con esos argumentos, reclamó prudencia fiscal y transparencia en el sistema universitario. También cuestionó lo que definió como una sobrerregulación que, a su juicio, no resolvió los problemas de fondo.

La sanción definitiva tras el rechazo de los vetos dejó dos efectos inmediatos. En salud, habilita la asignación prioritaria de recursos y alivió la carga tributaria sobre guardias y horas extras, con el Hospital Garrahan en el centro de la red. En educación, fija una pauta de actualización por IPC que alcanzó tanto a gastos de funcionamiento como a salarios, con paritarias trimestrales y actualización mensual.