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Cristina Kirchner pidió a la Corte que le retiren la tobillera electrónica y denunció una violación al principio de igualdad ante la ley

ACTUALIDAD08/08/2025Esteban Díaz RomeroEsteban Díaz Romero
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La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó este viernes un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Casación Penal con el objetivo de que la Corte Suprema revise las restricciones impuestas en el marco de su arresto domiciliario. Entre los puntos centrales del escrito, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy exigieron que se deje sin efecto la colocación de la tobillera electrónica, por considerarla “injustificada, estigmatizante e ilegal”.

El planteo también incluyó un pedido de recusación de todos los jueces de la Corte y la solicitud de que se sorteen conjueces para que analicen la presentación.

“Medidas arbitrarias e inconstitucionales”
En el escrito, los letrados sostuvieron que las condiciones impuestas a la expresidenta violan normas constitucionales y principios básicos del derecho penal. “No existen antecedentes de que se hayan establecido restricciones similares a personas que cumplen pena bajo arresto domiciliario”, señalaron, y advirtieron que la normativa vigente “no habilita a los magistrados a imponer reglas de conducta adicionales” a las ya previstas por ley.

Respecto de la tobillera electrónica, consideraron que “su uso solo es legítimo cuando resulta indispensable para asegurar el cumplimiento de la pena”, algo que (afirman) no fue justificado en el caso de Fernández de Kirchner. “Ni el Tribunal Oral Federal N.º 2, ni la Sala IV de la Cámara de Casación, ni los informes técnicos producidos invocaron riesgo alguno que justifique la medida”, agregaron.

Régimen de visitas y efecto estigmatizante

Otro de los puntos objetados fue el régimen de visitas limitado, que según la defensa “produce un efecto estigmatizante que nada tiene que ver con la aplicación justa de la ley penal”. La defensa calificó la medida como “arbitraria y lesiva del plexo constitucional”.

Pedido de apartamiento de la Corte Suprema

En paralelo, Beraldi y Llernovoy reclamaron el apartamiento de todos los jueces actuales de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que no respondieron a una serie de agravios planteados durante el proceso. Entre ellos, mencionaron:

La existencia de reuniones entre jueces y fiscales del caso con autoridades del Poder Ejecutivo nacional.

La utilización en la sentencia de argumentos no esgrimidos por la fiscalía ni debatidos durante el juicio oral.

La ampliación de la acusación en el alegato final, sin permitir que la exmandataria ejerciera su derecho a defensa.

El rechazo de pruebas clave solicitadas por la defensa.

La violación del principio de cosa juzgada, al condenar por hechos previamente desestimados por otro tribunal.

La imputación de responsabilidad sobre partidas presupuestarias que estaban bajo control de otros organismos.

La criminalización del dictado de decretos cuya legalidad nunca fue cuestionada y que aún se encuentran vigentes.

La omisión de citar a juicio a funcionarios competentes que firmaron actos similares a los atribuidos a la exmandataria.

La decisión sobre si el recurso llega o no a la Corte está ahora en manos de la Cámara Federal de Casación. Solo si ese tribunal lo admite, el Máximo Tribunal quedará habilitado para analizar el planteo de fondo.

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