En medio del conflicto con Tierra del Fuego por la eliminación de aranceles a la importación de productos electrónicos, el Gobierno nacional ratificó este miércoles que no dará marcha atrás con la medida, que pone en riesgo más de 8.000 empleos en la provincia.

“El esquema donde se sostienen determinados puestos laborales o producción a base de impuestos que pagan otros argentinos es, de mínima, injusto”, sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

La decisión, oficializada el martes, elimina la protección arancelaria para productos electrónicos ensamblados en Tierra del Fuego, lo que generó un fuerte rechazo por parte del gobierno provincial, sindicatos y empresarios del sector. A pesar del impacto potencial sobre el empleo, la Casa Rosada insiste en avanzar.

“La decisión queda tal cual se anunció”, reafirmó Adorni. “Entendemos que la baja de aranceles y de impuestos es simplemente más dinero en el bolsillo de los contribuyentes”, agregó.

El vocero también apuntó contra la lógica de subsidios cruzados. “Que tu producto tenga que salir más caro para sostener una fuente de trabajo en sectores donde muchas veces tienen riquezas naturales, como pasa en este caso, o posibilidad de explotar otras fuentes de ingreso como el turismo, no es justo”, argumentó.

Consultado sobre el vínculo con las autoridades fueguinas, Adorni aclaró que el diálogo no está roto. “Nunca se va a cortar, menos con autoridades provinciales”, afirmó.

La medida genera incertidumbre en la provincia, cuya matriz productiva depende en gran parte de la industria electrónica radicada en el régimen promocional fueguino. Desde la gestión del gobernador Gustavo Melella reclaman que la decisión se revise y advierten sobre el posible colapso del empleo y la actividad económica local si no se toma alguna medida compensatoria.