El Gobierno recibe a organizaciones sociales que exigen implementación de Emergencia Social
El Gobierno nacional mantiene una nueva reunión con las organizaciones sociales, nucleadas en el denominado «triunvirato piquetero»(Barrios de Pie, CCC y CTEP), con el fin de retomar las conversaciones en torno a la implementación de la Ley de Emergencia Social, sancionada en diciembre pasado por el Congreso Nacional.
A tal fin, los movimientos sociales suspendieron el cronograma de cortes de calle y reclamos a supermercados para que donen alimentos.
«Luego de establecer algunos diálogos con funcionarios del Gobierno, los movimientos sociales decidimos suspender el pedido de donaciones en supermercados», sostuvo el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.
Del encuentro, que se lleva a cabo en la cartera de Desarrollo Social, participa la ministra Carolina Stanley, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; y el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana.
Está previsto que, durante el cóclave se anuncie la convocatoria oficial al Consejo Económico y Social, según señaló el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete.
«Vamos a insistir con todas las instancias de diálogo. Cuando se avanza, no tenemos por qué salir a la calle, si es lo que menos nos gusta», agregó el referente social en declaraciones a Radio Rivadavia.
Alderete ratificó que están «pidiendo que se cumpla con la Ley de Emergencia Social» y remarcó que el vínculo de las organizaciones sociales con Stanley «es muy bueno».
«La relación con Carolina Stanley cambió para bien, porque ella ayudó para que la ley sea aprobada», destacó el titular de la CCC.
En la reunión también estará presente el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Gildo Oronato.
La semana pasada los movimientos sociales habían anunciado que iban a realizar una serie de cortes de calles y rutas, así como también protestas frente a supermercados para pedir donaciones de alimentos, con el objetivo de mostrar su descontento con los retrasos en la aplicación de la Ley de Emergencia Social.
