

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viene denunciando una deuda de 5,8 billones de pesos de la administración de Javier Milei y presentó hoy un reclamo ante el ministro de Economía, Luis Caputo.
El gobernador estuvo secundado por miembros del Gabinete e intendentes; entre ellos, Mayra Mendoza (Quilmes), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Federico Otermín (Lomas de Zamora), entre otros.
“Hablo en nombre de los 17 de millones de bonaerenses, que son los damnificados, las víctimas de estos recortes despiadados y absolutamente ilegales”, aseguró Kicillof. Y precisó que la presentación del reclamo ante Economía “es un paso más en las acciones y diferentes caminos” que se tomaron.
Explicó que el gobierno de la Provincia solicitó tres encuentros con el ministro de Economía de la Nación, que es “el que tiene que tomar la decisión en las asignaciones presupuestarias”, pero no hubo respuesta alguna.
“¿Qué es lo que reclamamos? Concretamente, recursos que de manera ilegal e incumpliendo compromisos normativos, legales, en base a acuerdos firmados, de manera unilateral y arbitraria el presidente Milei decidió cancelar y suspender”, señaló.
Aclaró, en este contexto, que “puede cambiar el presidente pero es el mismo país y el mismo Estado”.
Para justificar el reclamo, en medio de los cuestionamientos, reiteró que la Provincia aporta el 40 por ciento de todos los recursos tributarios de la República Argentina, “una parte se los queda directamente la Nación y otra parte se distribuye a través del sistema de coparticipación”.
Así, la provincia aporta el 40 por ciento pero sólo recibe el 20 por ciento de los recursos coparticipables. “Ha habido mucha discusión pública sobre los recursos recibidos por la Provincia en años anteriores pero el diagnóstico ha sido históricamente siempre el mismo: la provincia de Buenos Aires se encuentra discriminada en los recursos que recibe“, precisó.
Remarcó que si bien durante el gobierno de Alberto Fernández, ese 20 por ciento creció al 22,5, pero no alcanzó el antiguo 27 por ciento. “Si bien hubo pequeños avances, se mantiene esa discriminación”, apuntó.


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