En el marco audiencia 138 del Juicio Brigadas se escuchó el alegato de la defensa de Federico Antonio Minicucci, encabezada por el abogado Gerardo Ibáñez, y de Gastón Barreiro, quien representa a varios imputados.

“No vamos a cuestionar ninguno de los hechos que han sido objeto específicamente del planteo acusatorio de la Fiscalía, no ponemos en duda si los hechos ocurrieron o no, nuestro alegato no va a navegar en esos temas y no vamos cuestionar de ninguna manera cómo se cometieron los hechos, las circunstancias, ni vamos a poner en duda la condición de víctimas”, sostuvo Gerardo Ibáñez al comenzar el alegato.

Y apuntó: “Sabemos que probablemente no tengamos éxito en el planteo y descontamos cual va a ser el resultado del planteo”. “Estos juicios son ilegales, inconstitucionales y tienen una raíz política”, consideró Ibáñez.

En ese sentido, planteó: “Sabemos cual es el criterio y lo respetamos pero no por eso tenemos que callar estas circunstancias. Para que estos juicios se realizaran a partir de 2003 hubo una decisión política de hacer estos juicios, cualquier fuera el costo“. Y precisó que fue tras la llegada de Néstor Kirchner al gobierno.

A su turno, Carmen Ibáñez habló del “plazo razonable” para juzgar estos hechos que ocurrieron hace 48 años y aclaró que la demora es por causas ajenas al defendido. “El plazo para juzgarlos supera ampliamente el plazo de prescripción previsto incluso para los delitos más graves, que es prisión perpetua”, sostuvo.

Consideró, entonces, que hay “dos clases de ciudadanos, los amparados en los derechos constitucionales y los que no”, suponiendo a su defendido dentro de este último grupo, al tiempo que responsabilizó al Estado de la “dilación ilegal del proceso”.

Finalmente, Gerardo Ibáñez dijo que “nunca se ha podido determinar la concreta participación del señor Minicucci” en los hechos que se le imputan y remarcó que “la presunción de inocencia es el principio clave del sistema penal”.

Solicitó, entonces, que se declare extinguida la acción penal por prescripción y se lo absuelva ante la duda. Y frente a los reclamos de “prisión efectiva” por parte de las querellas, aclaró que la prisión domiciliaria “es prisión” y se computa como tal.

Luego fue el turno del defensor oficial, Gastón Barreiro, quien aclaró que no iba a realizar “ninguna postura ideológica” pero sí hacer foco en las garantías que asisten a sus defendidos.

Solicitó la prescripción de la acción penal, la absolución y cuestionó el encuadre de la figura de genocidio. También mencionó que en lo que respecta a las víctimas que son mujeres trans “no pone en duda la materialidad de los hechos” pero sí rechazó que se encuadren en delitos de lesa humanidad o genocidio.