El Gobierno nacional ratificó este miércoles que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar en la segunda quincena de enero el juicio político a la Corte Suprema, mientras el bloque del Frente de Todos (FdT) se apresta a presentar en las próximas horas un proyecto para sustituir a los magistrados que integran el máximo tribunal, mientras que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que Juntos por el Cambio (JxC) se presentará a debatir en comisión el proceso de remoción.

«Tal como informé el jueves en la conferencia de prensa, la convocatoria a extraordinarias será la segunda quincena de enero. Todo marcha según lo previsto y en los próximos días se hará el llamado. No hay ni hubo ningún cambio. La manera en que se va a llevar en el Congreso son decisiones que se discuten y se toman en el Congreso», señaló la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en declaraciones a Télam.

De esta forma, la Portavoz desmintió cambios en los plazos que se fijo el Gobierno para el llamado a extraordinaria, y se remitió a la información que brindó el jueves pasado, cuando contó en Casa Rosada que el presidente Alberto Fernández pretendía que «los tiempos sean lo más breves posibles» en relación al trámite del pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Cerruti había asegurado que «la mayoría de los mandatarios» provinciales acompañan esta iniciativa enviada al Congreso y que «la necesidad pasa, ahora, por juntar voluntades» en la Cámara de Diputados para avanzar con este proceso de juicio político al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y los demás ministros, que requiere del apoyo de una mayoría especial de los dos tercios de los presentes en el cuerpo para que prospere.

«El Presidente y los gobernadores tomaron una decisión histórica que es pedir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando, donde la Corte interviene sobre el accionar de los otros poderes violando claramente la Constitución», había remarcado la Portavoz en esa oportunidad.

El pedido de juicio político impulsado por el Gobierno se basa en la actuación del máximo tribunal en relación al Consejo de la Magistratura y al reclamo de la ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación.