El Gobierno presentó una denuncia penal por “resistencia y atentado a la autoridad”

El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra los manifestantes que protagonizaron incidentes durante la quinta Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso, con cargos por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

La movilización, que reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, terminó con disturbios, detenidos, efectivos heridos y daños en el espacio público.

La presentación judicial sostiene que algunos de los involucrados actuaron con los rostros cubiertos, dañaron bienes públicos y utilizaron objetos contundentes para agredir a integrantes de las fuerzas federales desplegadas en la zona.

Además, el escrito plantea que los disturbios ocurrieron mientras el Congreso sesionaba y señala que éstos habrían tenido como objetivo “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” prevista para esa jornada.

En paralelo, la cartera de Seguridad avanza en la recopilación de fotografías y videos para identificar a los responsables de los destrozos y las agresiones. Según la denuncia, los ataques se repitieron en distintos momentos de la movilización y provocaron lesiones a efectivos de seguridad.

Los enfrentamientos dejaron al menos 25 personas detenidas en las calles cercanas al edificio legislativo. Entre los procedimientos se registró la detención de un adolescente de 14 años, señalado por arrojar piedras contra un móvil policial en la esquina de Montevideo y Bartolomé Mitre.

Por otra parte, ocho integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante el operativo: cuatro pertenecientes a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dos a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y dos a la Policía Federal Argentina (PFA). De acuerdo con la presentación, los efectivos fueron atacados con piedras y otros objetos contundentes.

También hubo daños en el espacio público. Según una estimación preliminar del Gobierno de la Ciudad, los destrozos alcanzaron los $90 millones. Entre los sectores afectados se encuentran el mobiliario urbano, las veredas, los canteros y las superficies verdes de la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores.

Con la denuncia presentada, el Ministerio de Seguridad busca identificar a los involucrados y sostener las acusaciones ante la Justicia mediante el material audiovisual recopilado.