En medio de los incendios, el Gobierno gira $ 120.000 millones a los bomberos

En medio de los incendios en la Patagonia y tras recibir cuestionamientos por el recorte presupuestario, el Gobierno nacional otorgó $ 120.000 millones en subsidios a bomberos voluntarios.

El Ministerio de Seguridad Nacional determinó que cada una de las 1.062 asociaciones de primer grado habilitadas en el país recibirá la suma de $ 94.924.971,75.

Estos fondos tienen como destino la compra de equipamiento, materiales de protección y el mantenimiento de las unidades operativas.

El esquema de financiamiento contempla también partidas específicas para las entidades de segundo grado.

Las federaciones provinciales recibirán dos transferencias de $ 7.754.639.995,93 cada una, repartidas proporcionalmente según su cantidad de afiliadas, para cubrir gastos de funcionamiento, representación y capacitación de sus integrantes.

La Resolución 91/2026 publicada en el Boletín Oficial define que los pagos se realizarán de manera trimestral a través del Banco de la Nación Argentina.

La transferencia de los recursos estará sujeta a los ingresos que se registren en la cuenta recaudadora y al cumplimiento de las obligaciones administrativas de cada institución.

La normativa también asigna fondos a las organizaciones de tercer grado y a la autoridad de aplicación.

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios percibirá $ 7.754.640.000 para la Academia Nacional de Capacitación y $ 2.584.880.000 para gastos operativos.

Por su parte, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) dispondrá de $ 2.584.880.009,64 para tareas de fiscalización, formación de instructores y adquisición de equipamiento regional.

Las entidades beneficiarias tienen la obligación de identificar todos los bienes inmuebles o móviles adquiridos con estos fondos mediante placas o ploteos con la leyenda “Subsidio Nacional Ley N° 25.054”.

Para garantizar la transparencia, la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios supervisará que las inversiones se ajusten a los fines establecidos y suspenderá los pagos a aquellas instituciones que presenten anomalías en sus rendiciones de cuentas digitales.