Más desregulación: los colegios podrán aumentar las cuotas y matrículas sin aval del Estado

El Gobierno derogó la norma que regulaba los aranceles de los colegios privados y no tendrán que informar los valores de las cuotas y la matrícula con anticipación ni contar con el aval del Estado.

La desregulación del régimen de control sobre los aranceles de los establecimientos educativos de gestión privada, vigente hace más de 30 años, se dispuso mediante el Decreto 787/2025.

Vale decir que la normativa derogó el Decreto 2417/1993 que obligaba a las instituciones educativas privadas a notificar a las familias el importe de la matrícula y las cuotas junto a la forma, el plazo de pago y los recargos ante el atraso en el cumplimiento.

Además, el decreto derogado establecía que las instituciones educativas tenían que conseguir el acuerdo de los padres o tutores respecto a los nuevos valores de los aranceles y en caso de no llegar a un entendimiento, se mantenían los vigentes.

De todos modos, esto no es una realidad ya que las instituciones anuncian un aumento y, en algunos casos, pide que los padres firmen una notificación de acuerdo, pero no hay poder de decisión de ese lado.

Ante el descrito escenario, planteó que “la intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”.

Justificación

En esa línea, aseguró que “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.

Asimismo, advirtió que “los institutos suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.

En consecuencia, expuso que “este mecanismo de fijación de precios perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo”.

Podrá definir salarios

Frente a dicho panorama, remarcó que “al ser entidades privadas, deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”.

“El principio de libre contratación debe ser resguardado, permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones” sujeto a la demanda del mercado, dice la norma.