Kicillof cruzó a Milei por el veto al financiamiento universitario: “es desconocer el mensaje de millones de bonaerenses”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con dureza al presidente Javier Milei tras el veto al proyecto de ley de financiamiento universitario, sancionado por el Congreso por mayoría. Según el mandatario provincial, la decisión presidencial desconoce “el orgullo que siente nuestro pueblo por la educación pública” y constituye un ataque al futuro de los estudiantes.

El Poder Ejecutivo publicó este miércoles en el Boletín Oficial la decisión de rechazar la iniciativa, bajo el argumento de que no contaba con fuentes de financiamiento adecuadas y que implicaba un incremento del gasto público con riesgo de desequilibrio fiscal e impacto inflacionario. La medida se conoció pocos días después del revés electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

“Vetar la ley de financiamiento universitario es desconocer el mensaje de millones de bonaerenses”, señaló Kicillof, al remarcar que el resultado de los comicios en el distrito expresó un rechazo a las políticas educativas del oficialismo. Además, advirtió que la educación superior atraviesa “un ataque despiadado” por parte del Gobierno nacional.

Finalmente, el gobernador reafirmó que “la universidad pública es parte de nuestra identidad y la vamos a defender cada vez que sea necesario”, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, dejando en claro que el tema se convirtió en un nuevo eje de confrontación con la Casa Rosada.

Los puntos centrales del proyecto

La norma establecía como objetivo “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”. Para cumplir con esa meta, se preveía la asignación de partidas presupuestarias específicas dentro del programa 26, denominado “Desarrollo de la Educación Superior”.

En ese marco, el Congreso había dispuesto que los recursos se destinaran a fortalecer la permanencia y terminalidad de los estudiantes, garantizar la formación continua, asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, e incrementar fondos para tecnología digital. Además, se incluía la ampliación de la oferta académica, el impulso a la extensión universitaria, el desarrollo de la investigación y el mantenimiento de infraestructura y equipamiento.

Otros aspectos contemplados eran la promoción de la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión, el fortalecimiento del personal, la profundización de programas de bienestar estudiantil y el incremento en la inversión de becas.

Uno de los puntos más relevantes fijaba que, a partir del 1 de enero de 2025, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas debía actualizarse en función de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre mayo y diciembre de 2024, según los datos del INDEC.