Milei vetó la ley de financiamiento universitario

El Gobierno de Javier Milei vetó de manera total el Proyecto de Ley Nº 27.795, que establecía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y contemplaba la recomposición salarial de docentes y no docentes. La decisión se formalizó a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre en el Boletín Oficial.

La medida representó un rechazo directo a la norma aprobada por el Congreso el pasado 21 de agosto, en un contexto marcado por la tensión entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales debido a los recortes presupuestarios. El veto disparó una nueva escalada en el conflicto con el sector educativo y con la oposición parlamentaria, que había impulsado la iniciativa.

El texto vetado llevaba el nombre de “Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente” y había sido presentado como una herramienta para garantizar la sostenibilidad del sistema en todo el país. El Gobierno, en cambio, fundamentó la objeción total en la necesidad de preservar las atribuciones del Ejecutivo para administrar los recursos del Estado y en su decisión de mantener un estricto control sobre el gasto público.

Los puntos centrales del proyecto
La norma establecía como objetivo “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”. Para cumplir con esa meta, se preveía la asignación de partidas presupuestarias específicas dentro del programa 26, denominado “Desarrollo de la Educación Superior”.

En ese marco, el Congreso había dispuesto que los recursos se destinaran a fortalecer la permanencia y terminalidad de los estudiantes, garantizar la formación continua, asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, e incrementar fondos para tecnología digital. Además, se incluía la ampliación de la oferta académica, el impulso a la extensión universitaria, el desarrollo de la investigación y el mantenimiento de infraestructura y equipamiento.

Otros aspectos contemplados eran la promoción de la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión, el fortalecimiento del personal, la profundización de programas de bienestar estudiantil y el incremento en la inversión de becas.

Uno de los puntos más relevantes fijaba que, a partir del 1 de enero de 2025, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas debía actualizarse en función de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre mayo y diciembre de 2024, según los datos del INDEC.

Repercusiones y conflicto abierto

La decisión del Ejecutivo implica dejar sin efecto un esquema que había sido aprobado con el respaldo de distintos bloques opositores y que contaba con el aval del sector universitario. “La norma planteaba medidas claras para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país”, señalaron fuentes legislativas tras conocerse el veto.

En paralelo, representantes del sistema universitario habían advertido que la situación presupuestaria ponía en riesgo la calidad y la accesibilidad de la educación superior. El rechazo presidencial, en este sentido, abre un nuevo frente de conflicto en un escenario ya marcado por movilizaciones y reclamos de mayor financiamiento.